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Ayer, 4 de noviembre, asistí en el Círculo de Bellas Artes a una asamblea convocada por numerosas asociaciones culturales contra la «privatización» del teatro Fernán Gómez y contra el 21% del IVA cultural. La Plataforma en Defensa de la Cultura.

Desde los viejos tiempos temo las asambleas porque de modo natural suelen tender a convertirse en escenario de emociones y manipulaciones y muy rara vez en espacio de reflexión para la toma de decisiones, que es para lo que supuestamente se convocan.

Asistí, primero interesado, luego perplejo, a numerosas intervenciones, ya emocionales, ya llamadoras a la «lucha». Muchas con más enfado que argumentos. Las más con más entusiasmo que reflexión. Todas culpando a terceros y llamándose a andana de la más mínima responsabilidad en la actual situación. Sin algo de autocrítica y, más allá, sin que nos pongamos de acuerdo en el contenido y el sentido que damos a las palabras, sin que acordemos el marco en el que las gentes dedicadas profesionalmente a la cultura plantean sus quejas y reclamaciones, y sin que el norte de toda acción sean las necesidades ciudadanas, la vida de todo movimiento reivindicativo será inevitablemente corta. Y en el mejor de los casos de escaso calado y menor repercusión.

Y sin embargo la situación de profunda crisis social, económica y política, y la completa ausencia de estrategia cultural -en el gobierno y en cualquiera de los grupos políticos-, hace absolutamente perentorio generar pensamiento: definir hacia dónde queremos ir. Si me apuras, soñar el futuro para que sepamos los pasos que hay que dar para ir acercándonos a él.

Hoy, el reto de todo movimiento social o político preocupado por la cultura ha de ser llenar de contenido concreto el genérico mandato constitucional que da a las administraciones públicas la responsabilidad de promover la cultura. Una tarea pendiente desde hace treinta y cinco años. Lo cual exige abordar las grandes líneas de un política cultural que se precie: un pacto ciudadano y político por la cultura que le dé valor estratégico, la adecuada financiación pública y privada de la cultura, la transparencia en su funcionamiento y el establecimiento de fórmulas democráticas de acceso a la gestión pública, o la democratización cultural y el establecimiento de fórmulas de participación ciudadana, por mencionar algunas líneas maestras que hay que desarrollar.

Sin embargo los movimientos críticos suelen detenerse en los aspectos cosméticos, sin ir al fondo y al marco de la cuestión. Ver el arbusto que tenemos ante nuestra nariz y encelarnos en él.

En este sentido, el que parece ser el núcleo duro de las reivindicaciones tiene que ver con la privatización. Pero, ¿qué es eso de privatización? Definamos burda pero operativamente que es pasar algo que rigen manos públicas a manos privadas. Según la RAE, transferir una empresa o actividad pública al sector privado. Pero démosle algo más de profundidad, algún matiz más. En ese sentido siempre he dicho que se puede diferenciar entre  privatizar la propiedad, privatizar la gestión concreta o privatizar la función política. Primero, la propiedad de bienes o inmuebles culturales no está hoy en entredicho, ningún grupo político la plantea, aunque personalmente estoy seguro que hay propiedades públicas que podrían venderse para que dejasen de ser poco rentables socialmente y lesivas a lo público (o simplemente para recaudar fondos para necesidades superiores: ¿superiores a la cultura?: Sí, la vida, el empleo, la salud, la vivienda, la educación…). Segundo, se puede privatizar la gestión concreta, y eso es lo que se hace en muchos servicios cuyo funcionamiento es imposible que lo hagan funcionarios, ya por costes ya simplemente por operatividad (en este ámbito están la limpieza, autopistas, aeropuertos, e incluso aspectos de orden público, sin que nadie se rasgue por ello las vestiduras. Luego, claro, está el CÓMO se hace y A QUIÉN aprovecha). Y, tercero, se puede privatizar la función, es decir la política cultural, y que sean empresas privadas las que definan las necesidades ciudadanas en esta materia y decidan lo que hacer. ESTO ES LO VERDADERAMENTE GRAVE Y PELIGROSO. Y ES LO QUE SE ESTÁ HACIENDO. De matute, como dirían los castizos.

Porque, al ceder la gestión con criterios exclusivamente de ahorro o/y de rentabilidad económica, excluyendo la rentabilidad social y el control y evaluación de la gestión privada, de facto se está entregando la función de política cultural a los adjudicatarios de la gestión. Dos pájaros de un solo tiro. Seguramente los políticos que privatizan la gestión sin más criterio que la adjudicación al mejor postor, y las más de las veces en penumbra, ni siquiera son conscientes de que en realidad están renunciando a dirigir la política cultural de esos espacios cedidos a la gestión privada. ¡Tan poco saben de política cultural!

¿Puede evitarse? Sí, claro: imponiendo formatos transparentes y democráticos de contratación y adjudicación, en los que se fijen los criterios de política cultural que los adjudicatarios deben asumir. Sí, claro, imponiendo controles, auditorías y evaluaciones, que supervisen que la gestión está al servicio de la sociedad y de la política cultural marcada. (Controles que deberían llevar al levantamiento de la adjudicación si la gestión no responde a lo acordado). ¿Puede impedirse? Sí, claro, imponiendo limitaciones concretas desde las administraciones públicas a los niveles de beneficio a los que pueden aspirar los adjudicatarios. Limitaciones que se explican y justifican porque optan a gestionar un servicio público beneficioso para la sociedad.

El verdadero reto de los poderes públicos hoy no es abaratar costes en la gestión, eso lo hace cualquiera, aunque no sepa nada. El nuevo reto es establecer un papel superior de control a las administraciones públicas sobre la gestión privada de la cultura y otros servicios. El mundo del funcionariado, decimonónico y arcaico sin duda, deja paso en la actualidad y en el futuro a la mayor intervención de la sociedad civil -empresas incluidas- en su gestión. Pero las empresas han de ajustarse siempre al servicio de los intereses y necesidades de la sociedad fijados por las administraciones democráticamente elegidas. Por ello han de establecerse esos sistemas concretos de control y evaluación.

Hoy las instituciones, y los partidos, parecen incapaces de asumir sus nuevas tareas, imbuidos las más de las veces de un espíritu de recorte, corrupción y alergia a la transparencia. Son los ciudadanos más conscientes los que urgidos por la realidad del abandono cultural deben asumir esa tarea.

Necesitamos movimiento, alzar la voz, claro que sí. Pero necesitamos todavía más, señalar con el dedo la dirección hacia la que conducir el movimiento y la voz. Y cuidado, siempre hay quien se queda con su mirada fija en la punta del dedo.

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