Los derechos de autor, territorio permanente de debate en España, no tienen que ver, al menos en lo fundamental, ni con los productores ni con la SGAE: es una cuestión entre los autores y la sociedad. La defensa de los derechos del creador es reflejo de la valoración que del arte y de la cultura hacen los ciudadanos. Defenderemos a nuestros creadores si pagamos con justicia su trabajo. A diferencia de los trabajadores por cuenta ajena, los autores solo viven de sus derechos, es decir, de lo que obtengan por su trabajo creativo. Por esta razón la cultura no sólo tiene un valor estratégico para un país, sino que también tiene un precio. El que cuesta hacerla. Y todos y cada uno de los ciudadanos –y más quienes se dedican a la cultura- han de ser conscientes de que defraudar los derechos de autor es dañar el alma creadora de un país.
Lo anterior no impide que sean necesarios cambios en la ley, acomodándola en algunos aspectos a la modernidad, que hace de la reproducción y del consumo a través de Internet una parte sustancial del consumo cultural. Y se necesita, además, acortar la vida de los derechos de autor, que hoy parece excesivamente larga. Creo que ya es suficiente que los herederos en primera generación, los hijos, disfruten de los beneficios de los creadores. Pasados 30 años del fallecimiento del autor, por proponer una cifra, la mayor parte de los derechos deberían ser liberados.
