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¿Hacen dumping los teatros públicos? Es otro el problema.

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Las entradas de los teatros públicos –y por extensión las de casi todos los servicios culturales públicos- están muy por debajo del coste de producción de lo que se exhibe en ellos. Ayer mismo, en la remozada y amable cafetería de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, hablaba de este tema con Luis Lamadrid, amigo de alma audiovisual. Él piensa que el precio de un bien debe, en general, estar en relación con lo que cuesta producirlo. Otros profesionales admiten que todos los teatros –públicos y privados- forman parte de lo que podríamos llamar servicio cultural (un derecho ciudadadano), pero se quejan de que los precios de los espacios institucionales hacen competencia a los espectáculos privados, que tienen precios más elevados porque han de ser sostenidos por el dinero de los espectadores.

Yo le decía que los precios de los servicios públicos forman parte de la política cultural. Favorecer el acceso del máximo número de ciudadanos a la cultura impone que el precio no sea un obstáculo disuasorio; no ocurre lo mismo con las entradas de los espectáculos privados, sometidos en su supervivencia al escrutinio de los espectadores.

De ahí pasamos a hablar de otras cosas, en mi opinión más operativas y en las que hay que introducir cambios de urgencia. Le decía que con los precios de las entradas sí que se pueden hacer cosas interesantes. ¿Por qué las entradas de un teatro valen lo mismo sea cual sea el espectáculo para las que se venden? ¿Por qué un monólogo cuesta lo mismo que una gran producción? Y más allá, ¿por qué la butaca de la fila 23, mala a rabiar, vale lo mismo que la de la fila 6, esa que se reserva a los críticos en el estreno? Y referido a los teatros públicos, ¿por qué es tan extraordinariamente elevado el numero de personas que no pagan ni siquiera los precios políticos de las entradas y entran convidados?

En estas preguntas se mezclan varias cuestiones, claro. Algunas tienen que ver con la herrumbre conceptual que defiende que todo lo público ha de ser gratis porque es de todos (que en España significa que no es de nadie), muy presente todavía en nuestros gestores, sean de la orientación política que sean. Otras, tiene que ver con la simple molicie: sabemos que plantearse los problemas es la única manera de solucionarlos, pero es más cómodo seguir montados en el burro aunque no sepamos hacia donde se dirige.

Hacer desaparecer las invitaciones, transformando la política de regalar con pólvora del Rey por entradas de bajo coste, o por la creación de un carnet con descuentos para profesionales de gran consumo cultural; introducir criterios más racionales y proporcionales en los precios de las butacas relacionados con los costes de producción, la visibilidad o la comodidad; diferenciar –y visualizarlo para los compradores- el precio en dos tramos, uno correspondiente a los costes fijos de explotación y otro correspondiente al coste del espectáculo y al beneficio…, son algunas de las iniciativas que creo que irían en la buena dirección. Más transparencia, también, en el precio.

Son medidas que apuntan en definitiva a la imprescindible labor pedagógica que hay que realizar con los espectadores y el público escénico, al que hay que hacer cada vez más participe, más conocedor, de los entresijos de la creación artística, de la que cuanto hablamos forma parte. Sin duda, serán mejores espectadores, mejores ciudadanos.

 

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